domingo, 24 de septiembre de 2017

Ministerio Fiscal como defensor judicial: celebrar la vista oral sin él vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva



En esta nueva entrada del blog, vamos a referirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional N.º 85/2017, de 03 de julio de 2017, que resolvió el recurso de amparo N.º 6179-2015, promovido por el Ministerio Fiscal contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Pontevedra y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pontearas en el marco de un proceso de incapacitación, por entender que habían vulnerado los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías por celebrar la vista del procedimiento sin la presencia del Ministerio Fiscal, que era el designado para intervenir como defensor del demandado.

Según se extrae del relato de los antecedentes de la sentencia, el 23/09/2014 se presentó por unos padres demanda ante el juzgado solicitando la declaración de incapacidad de su hijo. Admitida a trámite mediante decreto de 15/10/2014 y trasladada al demandado al Ministerio Fiscal, el primero no compareció en el plazo otorgado al efecto, por lo que su defensa fue encargada al segundo mediante diligencia de ordenación de 20/02/2015. 

En esa misma diligencia, se acordó celebrar la vista oral del procedimiento el 09/04/2015, a las 12:45 horas. Seguidamente, el Ministerio Fiscal, argumentando razones del servicio, solicitó la suspensión de ese señalamiento, y que se fijara una fecha distinta. Esa solicitud fue denegada, así como el recurso de reposición contra esa decisión, y en la fecha acordada en primer lugar se procedió a celebrar la vista oral, a la que no asistió representante alguno del Ministerio Fiscal (y, por tanto, el demandado quedó sin defensa). Al tiempo, el juzgado dictó sentencia declarando la incapacidad del demandado.

Contra esa sentencia, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación solicitando que se declarara su nulidad, por entender que se había causado indefensión al demandado al celebrar la vista en ausencia de quien ostentaba su defensa. La Audiencia Provincial, sin embargo, concluyó que ni el juzgado de primera instancia había incumplido norma procesal alguna al denegar la suspensión de la vista oral, ni el Ministerio Fiscal había justificado en qué extremos se había causado indefensión, por lo que desestimó el recurso de apelación formulad.

No cabiendo ulterior recurso contra esa sentencia, el Ministerio Fiscal decidió interponer demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando que se declarara la nulidad tanto de la sentencia de primera instancia como de la sentencia de la Audiencia Provincial.

A juicio del Ministerio Fiscal, ambas sentencias habían vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del Ministerio Fiscal pues la ausencia del Fiscal designado supuso impedir a éste ejercer las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas como defensor del presunto incapaz y garante del interés público y de sus derechos, y del demandado y presunto incapaz, porque su derecho de defensa quedó sin tutela, sin que nadie velara procesalmente por sus intereses.
Pero además, el Ministerio Fiscal consideró que ambas sentencias habían lesionado también el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías del demandado, al colocarle en una posición de indefensión y vaciar de contenido el carácter contradictorio del procedimiento de incapacitación, convirtiéndolo en un mero trámite burocratizado y ritualizado, incumpliendo así el haz de garantías constitucionales que integran la noción de proceso justo y equitativo, entre ellas, los principios de bilateralidad, igualdad de armas y defensa.

El Tribunal Constitucional, al resolver la demanda de amparo, aplicó la doctrina contenida en sus sentencias N.º 31/2017, de 27 de febrero, y N.º 7/2011, de 14 de febrero, que resumimos en los siguientes puntos:


  1.  El derecho a la defensa letrada es una de las garantías del proceso, en orden a la efectiva igualdad de las partes y del principio de contradicción, y opera en todos los órdenes de jurisdicción, siendo además una exigencia estructural de los mismos.
  2.  En especial, en los procesos sobre capacidad de las personas, la intervención de abogado y procurador para ambas partes es una exigencia estructural del mismo y, en caso de incomparecencia del demandado, el Ministerio Fiscal puede realizar las funciones de defensor judicial del mismo.
  3. En cuanto a la suspensión del acto de la vista en los procesos civiles, es el profesional el que tiene la carga de advertir con antelación al órgano judicial de la imposibilidad de asistir al acto. En contraposición, el órgano debe dar una respuesta motivada y razonada sobre la indefensión que podría causar esa inasistencia, pero sin que ese juicio de indefensión pueda depender de un “hipotético cálculo de probabilidades acerca del éxito que tendrían las alegaciones que podrían verterse en la vista por la defensa letrada”.
  4.  Cuando el Ministerio Fiscal ejerce las funciones de defensor judicial, de acuerdo con el artículo 8.2 de la LEC, “el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal”, lo que supone, entre otras consecuencias, que la vista no deba celebrarse hasta que no se asegure dicha intervención.

Lo anterior permitió concluir al Tribunal Constitucional que las sentencias de primera y segunda instancia habían vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandado y presunto incapaz, pues la vista del proceso de incapacitación resultaba esencial a los efectos del ejercicio de su derecho de defensa, asumida en este caso por el Ministerio Fiscal, tanto por las pruebas que en dicho acto se realizaron, como porque la totalidad de las obrantes en la causa resultaban objeto de una valoración final por las partes dentro de esa misma vista, con el propósito de ilustrar al órgano judicial no solamente acerca de la realidad material de la discapacidad, sino sobre el régimen más adecuado de asistencia para su mejor protección, personal y patrimonial.

No concluyó de igual modo el Tribunal Constitucional, sin embargo, en relación al derecho de defensa Ministerio Fiscal. A su juicio, no existió vulneración porque el Ministerio Fiscal fue avisado con un mes de antelación de la fecha, y podría haber acudido cualquier representante del mismo.

En otra entrada, nos referiremos a las funciones del Ministerio Fiscal en el ordenamiento jurídico.

sevilla, ciudad, cielo



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