miércoles, 2 de agosto de 2017

Prescripción de la pena: interrupción difícil

En esta nueva entrada vamos a referirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2016, de 01 de febrero de 2016. En ella, el Tribunal Constitucional decide otorgar el amparo a un ciudadano en relación con la institución de la prescripción de la pena, prevista en el artículo 134 del Código Penal.
En el caso que ocupa a la sentencia que nos referimos, la demandante de amparo fue condenada como cómplice criminalmente responsable de un delito contra la salud pública por sentencia de la Audiencia Nacional de 16/04/2007, que fue declarada firme mediante auto de 26 de noviembre de 2008.

Desde entonces, y hasta el año 2010, la representación de la demandante de amparo formuló solicitud de suspensión de la pena mientras se tramitaba el indulto, y otra por la vía del artículo 80.4 del Código Penal. También solicitó la revisión de la sentencia con motivo de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Finalmente, llegado el año 2014, la demandante solicitó la declaración de la prescripción de la pena por haber transcurrido cinco años desde la firmeza de la sentencia.

La Audiencia Nacional, sin embargo, denegó dicha solicitud. Justificó su decisión en que, a su juicio, tanto la petición de indulto, como el requerimiento realizado para su ingreso en prisión (y la orden de busca y captura dictada posteriormente), habían interrumpido la prescripción de la pena.

Tras el agotamiento de la vía judicial previa mediante la interposición de todos los recursos razonables, la parte condenada interpuso recurso de amparo, entendiendo que la Audiencia Nacional había vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por vulneración de los principios de legalidad y libertad. En la redacción vigente en ese momento, la prescripción de la pena quedaba regulada por el artículo 134 del Código Penal, que disponía lo siguiente: El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

 El Tribunal Constitucional resolvió con los siguientes argumentos:

Para empezar, sitúa conceptualmente el instituto de la prescripción penal indicando que “supone una autolimitación o renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi en consideración a la incidencia que tiene el transcurso de un determinado tiempo en las funciones y fines de la intervención penal, así como por razones de seguridad jurídica que conducen a fijar un límite temporal para que no se dilate indefinidamente la incertidumbre de la inculpación o de la persecución penal”.

También distingue la figura de la prescripción del delito de la figura de la prescripción de la pena, indicando que “La prescripción del delito opera como obstáculo procesal que impide la investigación judicial, y por ello puede decirse que la sociedad –en decisión del legislador que le representa– renuncia al ius puniendi, renuncia a una investigación tardía del delito y exime de responsabilidad penal a los eventuales responsables, por razones pragmáticas y jurídicas”, mientras que “la institución de la prescripción de la pena se sitúa temporalmente en el espacio posterior al efectivo enjuiciamiento de los hechos y a la declaración de responsabilidad criminal, por lo que en esta vertiente de la prescripción no se produce en sentido estricto una renuncia al ius puniendi, sino una renuncia a una ejecución tardía de la pena”.

Tras ello, y en lo que se refiere expresamente a la interrupción de la prescripción de la pena, el Tribunal Constitucional recuerda que la contemplación de nuevas causas de interruptivas de la prescripción de las penas distintas a las recogidas en los preceptos legales reguladores de dicho instituto no es un supuesto que, lógicamente, teniendo en cuenta los precedentes del CP de 1995, pudiera haber pasado inadvertido al legislador al regular dicha materia, lo que ‘desde la obligada pauta de la interpretación en el sentido de la mayor efectividad del derecho fundamental y de la correlativa interpretación restrictiva de sus límites’ permite entender que si el legislador no incluyó aquellos supuestos de suspensión de ejecución de la pena como causas de interrupción de la prescripción de las mismas fue sencillamente porque no quiso hacerlo.

Además, el tribunal también recordó que la motivación exigible a la respuesta judicial que decida sobre la prescripción de la pena incluye abarcar “tanto la exteriorización del razonamiento por el que se estima que concurre –o no– el supuesto previsto en la ley,” como “el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución”.

En consecuencia, no resulta conforme al canon constitucional sostener ni que el computo del plazo de prescripción de la pena impuesta a la recurrente en amparo comenzaría “una vez desestimada la petición de indulto” ni que dicho plazo se habría interrumpido con el requerimiento personal a la penada para el ingreso en prisión y por la orden de detención e ingreso en prisión. La decisión de la Audiencia Nacional, pues, desoye el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y vulnera los derechos de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE). Por ello, el Tribunal Constitucional decidió estimar el recurso de amparo y anular el auto que denegaba la declaración de prescripción de la pena.

pescado, comida, sushi, cena, pareja

6 comentarios:

  1. Muy interesante la entrada D. Manuel. Aunque con poco recorrido aún su blog me resulta de lo más interesante e instructivo. Felicidades y gracias.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias por su comentario. Le ruego que no me llame D. Manuel, pero me alegro mucho de que el blog le resulte útil.

      Eliminar
  2. Hago mías las palabras de Anónimo. Me ha llamado particularmente la atención el hecho de que se distinga entre "prescripción del delito" y "prescripción de la pena". Gracias por tus magistrales clases sobre nuestras leyes.

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Muchas gracias por su comentario. En efecto, prescripción del delito y prescripción de la pena son instituciones jurídicas diferentes. Es probable que en el futuro publique una entrada sobre ello.

      Eliminar
  3. Aparte, ¡magnífica esa fotografía de "sushi"! (y muy suculenta).

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Me alegra saber que no la encuentra "inapropiada". Se llama "cena para dos".
      Muchas gracias.

      Eliminar