domingo, 16 de julio de 2017

Últimos coletazos de las tasas judiciales

En esta nueva (y tardía) entrada del blog vamos a referirnos a la STC 70/2017, de 05 de junio de 2017. En esa sentencia, nuestro Tribunal Constitucional nos recuerda el carácter inconstitucional de determinadas tasas establecidas en el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En cuanto a los antecedentes de hecho, basta con indicar lo siguiente:

En el año 2008, la entidad mercantil A cedió todo su activo y pasivo a un grupo empresarial, acordando un año después su propia disolución, comenzando el periodo de liquidación. 
En el año 2011, otra entidad mercantil, B, demandó a la mercantil que se encontraba en liquidación, reclamándole el pago de una deuda. 
En 2013, dicha demanda fue parcialmente estimada en primera instancia. A decidió interponer recurso de apelación, sin satisfacer la tasa establecida al efecto en el artículo 7 de la Ley 10/2012. Como consecuencia de ello, el juzgado requirió a la entidad apelante, A, para que satisficiera el pago de dicha tasa, bajo la advertencia de que su recurso de apelación sería inadmitido. 
A, en lugar de satisfacer la tasa, formuló dos escritos en los que indicaba que no disponía de capacidad económica para hacer frente al pago de la tasa, y solicitaba que se le declarase exenta del pago de la misma, así como que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 por vulnerar los artículos 14, 24 y 119 de la Constitución Española, y que se elevara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar los derechos contenidos en los artículos 20,21 y 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
A pesar de ello, el juzgado denegó la triple solicitud y acordó no dar curso al recurso de apelación por falta de pago de la tasa judicial establecida. Contra esa decisión, A decidió interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 CE, que es el que resuelve la sentencia que venimos comentando.

Antes de continuar es necesario indicar que la tasa a la que se refieren los hechos que acabamos de relatar viene establecida en el artículo 7 de la Ley 10/2012, que establece una cuota fija de 800 € para interponer un recurso de apelación civil, más otra cuota variable en función de la cuantía del procedimiento. La cuestión, así planteada, se reducía a determinar si la denegación de la tramitación de un recurso de apelación por impago de una tasa desproporcionada a la capacidad económica del apelante constituye un obstáculo insalvable para la efectividad de la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Y lo cierto es que, como ya hemos adelantado al comienzo de esta entrada, el Tribunal Constitucional dio la razón a la entidad demandante de amparo. No debió ser ninguna novedad, porque el primer pronunciamiento al respecto se produjo en las SSTC 140/2016, de 21 de julio, y 55/2017, de 11 de mayo, que declararon respectivamente la inconstitucionalidad de los preceptos 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012. Las razones que sustentaron dicha decisión fueron las siguientes, que recordamos aquí.:

El objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes. 
El esfuerzo económico que se exige a la mayor parte de las personas jurídicas para la satisfacción de la tasa para la interposición de recursos resulta desproporcionado.
Los criterios establecidos por el legislador para poder acudir a cada uno de los recursos gravados con la tasa […] no atienden siquiera al valor económico del proceso. 
En las cuantías de las tasas establecidas para la interposición de recursos, no existe adecuación alguna a la capacidad económica que pueda poseer cada persona jurídicaEn concreto, respecto del artículo 7.2, la STC 55/2017 diría que la cuota variable eleva innecesariamente la carga económica de la entidad actora o recurrente en todos los grados de la jurisdicción en los que satisface su pago, sin que sea posible discernir a qué criterio responde su exigencia.

Bien es verdad que en dichas sentencias el Tribunal Constitucional advertía de que la declaración de inconstitucionalidad no afectaría a aquellos procesos que hubieran fenecido mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, ni a quienes hubieran satisfecho la tasa declarada nula. Sin embargo, este caso en concreto, no podía encuadrarse en ninguno de ambos supuestos, pues la entidad demandante ni satisfizo la tasa, ni dejó de interponer el recurso de amparo en el plazo establecido. 

fresa, fruta, verano, flor

3 comentarios:

  1. O sea, que además de comentar la sentencia, nos las resumes... Menudo trabajo se da usted. Gracias por todo esto.
    Aparte, pensaba, para no volver a meterme con los jueces (resulta inconcebible que se les pasen por alto tantos derechos fundamentales) si no lo harán queriendo, es decir, hacen por que lo que sea llegue al TC y así desde él la sentencia sea digamos que más expansiva, sentando doctrina...no sé si me explico...

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    1. Más bien sólo las resumo, ja,ja.
      Me temo que es improbable que la intención de los juzgados en general sea esa, porque, al margen de la calificación política y moral que podría darse a esa eventual utilización del justicibale, no puede olvidarse que existen mecanismos más eficaces y eficientes creados con ese fin exclusivamente (como plantear una cuestión de inconstitucionalidad, en este caso no propuesta -incluso habiéndolo solicitado la parte- por motivos que no podemos conocer).

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    2. Por cierto, muchas gracias por su comentario.

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