domingo, 25 de junio de 2017

La condena en segunda instancia fundada en una interpretación del elemento subjetivo exige oír a los acusados

El objeto de esta nueva entrada es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el caso Atutxa Mendiola y otros c. España. En ella, el también llamado Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por vulnerar el derecho contenido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice así: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente (...) por un Tribunal (...) que decidirá (...) sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.”

La sentencia se emite en relación al procedimiento seguido contra determinados cargos del Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fueron condenados como culpables de delito de desobediencia judicial por el Tribunal Supremo el 8 de abril de 2008. Esa sentencia, sin embargo, fue dictada con ocasión de un recurso de casación interpuesto contra la sentencia absolutoria y tras la celebración de una vista en la que se oyeron a los representantes de los acusados, pero no a los propios acusados. Lo más importante, no obstante, es que, aunque tanto la sentencia absolutoria recurrida como la dictada por el Tribunal Supremo contenían la misma declaración de hechos probados, el Tribunal Supremo había interpretado dichos hechos de forma diferente, pues había extraído la conclusión de que los acusados habían desobedecido de manera deliberada y abierta, mientras que la sentencia absolutoria entendía que no habían desobedecido ni de forma deliberada ni de forma abierta.

La sentencia del Tribunal Supremo fue recurrida en amparo por los condenados, que alegaron que el Tribunal Supremo había vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías por haberles condenado con base en una interpretación fáctica diferente de la practicada en primera instancia, y sin escucharlos previamente. El Tribunal Constitucional denegó el amparo mediante su sentencia de 5/12/2013, considerando que “(...) ni era constitucionalmente exigible que los demandados fueran oídos en la vista de casación (...) ni tal omisión, dada la índole de las cuestiones que fueron planteadas por la acusación y debían resolverse en el recurso, supuso una privación o una limitación del derecho de defensa, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión adoptada. (...)”.

Los condenados, sin embargo, decidieron demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una posible vulneración del referido artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su demanda, reprodujeron el argumento formulado en sede de amparo: aunque el Tribunal Supremo no hubiera modificado los hechos probados, sí los había interpretado de forma diferente, extrayendo la existencia del elemento subjetivo del injusto y no limitando su revisión exclusivamente a cuestiones de índole jurídico, y ello lo hizo sin oír previamente a los entonces acusados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, coincidiendo con la argumentación de los demandantes, afirmó que el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre circunstancias subjetivas decisivas para determinar la culpabilidad de los demandantes (que habían actuado deliberada y abiertamente), modificando la valoración que el tribunal de primera instancia había efectuado de la misma conducta. Desde ahí, el tribunal recuerda que es imposible valorar jurídicamente la intencionalidad del acusado sin que haya sido objeto de algún acto de prueba, y que mientras que el tribunal de instancia concluyó que no habían actuado deliberadamente tras oírlos, el Tribunal Supremo entendió que sí habían actuado deliberadamente sin oírlos nuevamente. Todo ello provocó que, en definitiva, el Tribunal Supremo alcanzara esa conclusión por deducción y sin dar lugar a los interesados de exponer las razones por las que negaban haber obrado deliberada y abiertamente. Ello supone haber impedido a los demandantes la posibilidad de defenderse en un debate contradictorio, y vulnera el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, modificar la apreciación del elemento subjetivo del delito, cuando es elemento esencial de la condena, exige que los acusados hayan sido oídos por el tribunal sentenciador.

A modo de añadido, no puede dejar de indicarse que tanto en la sentencia del Tribunal Supremo como en la del Tribunal Constitucional se formularon votos particulares que disentían de la decisión del tribunal. Así, en la STS cinco de los doce Magistrados reprocharon al tribunal haber valorado los elementos de prueba sin respetar el principio de inmediación, y en la STC aparece un voto particular firmado por cuatro Magistrados que indica “[El TEDH] mantiene la exigencia de audiencia pública siempre que una persona fuera condenada por primera vez, sea en primera o en segunda instancia, salvo en los supuestos en que la condena derive exclusivamente de un distinto entendimiento de cuestiones jurídicas que no modifican (...) la determinación de elementos fácticos, incluidos los elementos subjetivos establecidos en condiciones de audiencia o de inmediación. (...)”.

La sentencia puede comprobarse aquí.

jueves, 15 de junio de 2017

Una notificación edictal vulnera el derecho a no sufrir indefensión


En la STC 50/2017, de 08 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional ha recordado el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en lo que se refiere a las notificaciones realizadas mediante edictos, especialmente cuando se refieren a los emplazamientos de las partes.

Para ello, el tribunal se ha referido directamente a su STC 6/2017, de 16 de enero, FJ 3, en la que indicaba que  “el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, de manera que “la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido derecho fundamental (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5). Ello implica que el órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero”.
Desde ahí, en el FJ 3 de la sentencia objeto de esta entrada recuerda que son dos las consecuencias fundamentales de esa doctrina:

"a) Cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, el órgano judicial, aunque no se trate del domicilio indicado por el actor en su demanda, deberá intentar llevar a cabo dicha notificación en él, antes de acudir a la vía de los edictos (SSTC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3; 150/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 151/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 5/2017, de 16 de enero, FJ 3, y 6/2017, de 16 de enero, FJ 3). 

b) el órgano judicial ha de extremar las gestiones en la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación (por todas, SSTC 61/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 197/2013, de 12 de diciembre, FJ 2, y 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 4)."

Esa obligación ha sido mantenida por el Tribunal Constitucional incluso en los supuestos en los que el domicilio del demandado se encontraba en el extranjero tanto en los casos en que el órgano judicial no había practicado el emplazamiento de aquél en el domicilio situado fuera del territorio nacional, que constaba en las actuaciones, (SSTC 6/2017, de 16 de enero; 150/2016 y 151/2016, de 19 de septiembre, y 268/2000, de 13 de noviembre), como en aquellos otros en que el demandado había sido emplazado por edictos, sin haber agotado el juez previamente los instrumentos de búsqueda a su alcance (STC 143/1998, de 30 de junio).

Sin embargo, también recuerda el tribunal que dicha obligación “no hace recaer sobre el juez el deber de desplegar una desmedida labor investigadora, pues ello llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa y a no padecer dilaciones indebidas de los restantes personados en el proceso (STC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2 y las que en ella se citan; 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2). Por el contrario, sí exige el empleo de cuantos medios obren al alcance del órgano judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir que se han agotado las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal al demandado. No otra es la consecuencia lógica del carácter excepcional y subsidiario de la notificación edictal, establecido en reiteradas Sentencias de este Tribunal (SSTC 106/2006, de 3 de abril, FJ 2; 76/2006, de 13 de marzo, FJ 3, y 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2, entre otras muchas).”

En el caso de la STC 50/2017, de 08 de mayo de 2017, el demandante de amparo fue demandado en reclamación de una cantidad relacionada con una vivienda de su propiedad. Después de intentar notificarle, sin resultado, la demanda tanto en el domicilio señalado por la parte actora como en el que figuraba en la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía, fue notificado por edictos y declarado en rebeldía el día 15/04/2013. El procedimiento se desarrolló inaudita parte y la demanda fue íntegramente estimada.

En su demanda de amparo, el demandante denunciaba que su domicilio actual podría haberse comprobado tanto con una simple búsqueda en internet (era el presidente de un importante club de fútbol francés, en cuya sede podría haberse practicado la notificación) como comprobando sus datos personales contenidos en la escritura de compraventa de la vivienda sobre la que versaba la demanda.

El Tribunal Constitucional, aplicando la doctrina que hemos referido al principio de esta entrada, entendió que el órgano judicial no había satisfecho la obligación de “agotar todas las posibilidades de localización” del demandado y, por tanto, estima el recurso de amparo y declara la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la declaración de rebeldía.


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