miércoles, 2 de agosto de 2017

Prescripción de la pena: interrupción difícil

En esta nueva entrada vamos a referirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional 14/2016, de 01 de febrero de 2016. En ella, el Tribunal Constitucional decide otorgar el amparo a un ciudadano en relación con la institución de la prescripción de la pena, prevista en el artículo 134 del Código Penal.
En el caso que ocupa a la sentencia que nos referimos, la demandante de amparo fue condenada como cómplice criminalmente responsable de un delito contra la salud pública por sentencia de la Audiencia Nacional de 16/04/2007, que fue declarada firme mediante auto de 26 de noviembre de 2008.

Desde entonces, y hasta el año 2010, la representación de la demandante de amparo formuló solicitud de suspensión de la pena mientras se tramitaba el indulto, y otra por la vía del artículo 80.4 del Código Penal. También solicitó la revisión de la sentencia con motivo de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Finalmente, llegado el año 2014, la demandante solicitó la declaración de la prescripción de la pena por haber transcurrido cinco años desde la firmeza de la sentencia.

La Audiencia Nacional, sin embargo, denegó dicha solicitud. Justificó su decisión en que, a su juicio, tanto la petición de indulto, como el requerimiento realizado para su ingreso en prisión (y la orden de busca y captura dictada posteriormente), habían interrumpido la prescripción de la pena.

Tras el agotamiento de la vía judicial previa mediante la interposición de todos los recursos razonables, la parte condenada interpuso recurso de amparo, entendiendo que la Audiencia Nacional había vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por vulneración de los principios de legalidad y libertad. En la redacción vigente en ese momento, la prescripción de la pena quedaba regulada por el artículo 134 del Código Penal, que disponía lo siguiente: El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

 El Tribunal Constitucional resolvió con los siguientes argumentos:

Para empezar, sitúa conceptualmente el instituto de la prescripción penal indicando que “supone una autolimitación o renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi en consideración a la incidencia que tiene el transcurso de un determinado tiempo en las funciones y fines de la intervención penal, así como por razones de seguridad jurídica que conducen a fijar un límite temporal para que no se dilate indefinidamente la incertidumbre de la inculpación o de la persecución penal”.

También distingue la figura de la prescripción del delito de la figura de la prescripción de la pena, indicando que “La prescripción del delito opera como obstáculo procesal que impide la investigación judicial, y por ello puede decirse que la sociedad –en decisión del legislador que le representa– renuncia al ius puniendi, renuncia a una investigación tardía del delito y exime de responsabilidad penal a los eventuales responsables, por razones pragmáticas y jurídicas”, mientras que “la institución de la prescripción de la pena se sitúa temporalmente en el espacio posterior al efectivo enjuiciamiento de los hechos y a la declaración de responsabilidad criminal, por lo que en esta vertiente de la prescripción no se produce en sentido estricto una renuncia al ius puniendi, sino una renuncia a una ejecución tardía de la pena”.

Tras ello, y en lo que se refiere expresamente a la interrupción de la prescripción de la pena, el Tribunal Constitucional recuerda que la contemplación de nuevas causas de interruptivas de la prescripción de las penas distintas a las recogidas en los preceptos legales reguladores de dicho instituto no es un supuesto que, lógicamente, teniendo en cuenta los precedentes del CP de 1995, pudiera haber pasado inadvertido al legislador al regular dicha materia, lo que ‘desde la obligada pauta de la interpretación en el sentido de la mayor efectividad del derecho fundamental y de la correlativa interpretación restrictiva de sus límites’ permite entender que si el legislador no incluyó aquellos supuestos de suspensión de ejecución de la pena como causas de interrupción de la prescripción de las mismas fue sencillamente porque no quiso hacerlo.

Además, el tribunal también recordó que la motivación exigible a la respuesta judicial que decida sobre la prescripción de la pena incluye abarcar “tanto la exteriorización del razonamiento por el que se estima que concurre –o no– el supuesto previsto en la ley,” como “el nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución”.

En consecuencia, no resulta conforme al canon constitucional sostener ni que el computo del plazo de prescripción de la pena impuesta a la recurrente en amparo comenzaría “una vez desestimada la petición de indulto” ni que dicho plazo se habría interrumpido con el requerimiento personal a la penada para el ingreso en prisión y por la orden de detención e ingreso en prisión. La decisión de la Audiencia Nacional, pues, desoye el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y vulnera los derechos de la demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE). Por ello, el Tribunal Constitucional decidió estimar el recurso de amparo y anular el auto que denegaba la declaración de prescripción de la pena.

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domingo, 16 de julio de 2017

Últimos coletazos de las tasas judiciales

En esta nueva (y tardía) entrada del blog vamos a referirnos a la STC 70/2017, de 05 de junio de 2017. En esa sentencia, nuestro Tribunal Constitucional nos recuerda el carácter inconstitucional de determinadas tasas establecidas en el artículo 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En cuanto a los antecedentes de hecho, basta con indicar lo siguiente:

En el año 2008, la entidad mercantil A cedió todo su activo y pasivo a un grupo empresarial, acordando un año después su propia disolución, comenzando el periodo de liquidación. 
En el año 2011, otra entidad mercantil, B, demandó a la mercantil que se encontraba en liquidación, reclamándole el pago de una deuda. 
En 2013, dicha demanda fue parcialmente estimada en primera instancia. A decidió interponer recurso de apelación, sin satisfacer la tasa establecida al efecto en el artículo 7 de la Ley 10/2012. Como consecuencia de ello, el juzgado requirió a la entidad apelante, A, para que satisficiera el pago de dicha tasa, bajo la advertencia de que su recurso de apelación sería inadmitido. 
A, en lugar de satisfacer la tasa, formuló dos escritos en los que indicaba que no disponía de capacidad económica para hacer frente al pago de la tasa, y solicitaba que se le declarase exenta del pago de la misma, así como que se planteara una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012 por vulnerar los artículos 14, 24 y 119 de la Constitución Española, y que se elevara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por vulnerar los derechos contenidos en los artículos 20,21 y 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. 
A pesar de ello, el juzgado denegó la triple solicitud y acordó no dar curso al recurso de apelación por falta de pago de la tasa judicial establecida. Contra esa decisión, A decidió interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 24 CE, que es el que resuelve la sentencia que venimos comentando.

Antes de continuar es necesario indicar que la tasa a la que se refieren los hechos que acabamos de relatar viene establecida en el artículo 7 de la Ley 10/2012, que establece una cuota fija de 800 € para interponer un recurso de apelación civil, más otra cuota variable en función de la cuantía del procedimiento. La cuestión, así planteada, se reducía a determinar si la denegación de la tramitación de un recurso de apelación por impago de una tasa desproporcionada a la capacidad económica del apelante constituye un obstáculo insalvable para la efectividad de la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 24 de la Constitución Española.

Y lo cierto es que, como ya hemos adelantado al comienzo de esta entrada, el Tribunal Constitucional dio la razón a la entidad demandante de amparo. No debió ser ninguna novedad, porque el primer pronunciamiento al respecto se produjo en las SSTC 140/2016, de 21 de julio, y 55/2017, de 11 de mayo, que declararon respectivamente la inconstitucionalidad de los preceptos 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012. Las razones que sustentaron dicha decisión fueron las siguientes, que recordamos aquí.:

El objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes. 
El esfuerzo económico que se exige a la mayor parte de las personas jurídicas para la satisfacción de la tasa para la interposición de recursos resulta desproporcionado.
Los criterios establecidos por el legislador para poder acudir a cada uno de los recursos gravados con la tasa […] no atienden siquiera al valor económico del proceso. 
En las cuantías de las tasas establecidas para la interposición de recursos, no existe adecuación alguna a la capacidad económica que pueda poseer cada persona jurídicaEn concreto, respecto del artículo 7.2, la STC 55/2017 diría que la cuota variable eleva innecesariamente la carga económica de la entidad actora o recurrente en todos los grados de la jurisdicción en los que satisface su pago, sin que sea posible discernir a qué criterio responde su exigencia.

Bien es verdad que en dichas sentencias el Tribunal Constitucional advertía de que la declaración de inconstitucionalidad no afectaría a aquellos procesos que hubieran fenecido mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, ni a quienes hubieran satisfecho la tasa declarada nula. Sin embargo, este caso en concreto, no podía encuadrarse en ninguno de ambos supuestos, pues la entidad demandante ni satisfizo la tasa, ni dejó de interponer el recurso de amparo en el plazo establecido. 

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domingo, 2 de julio de 2017

La inadmisión de la solicitud de un procedimiento de habeas corpus puede vulnerar el derecho fundamental a la libertad

En el comentario de esta semana vamos a abordar una sentencia no tan moderna como las anteriores que hemos tratados, pero que gana en ilustrativa lo que puede achacársele de antigua. Nos referimos a la STC 12/2014, de 27 de enero, y fue dictada resolviendo un recurso de amparo interpuesto por el Ministerio Fiscal en relación a un procedimiento de habeas corpus.

Aunque todos lo conocerán, no puede dejarse de indicar que el procedimiento de habeas corpus está reconocido en el artículo 17.4 de la Constitución Española, se encuentra regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, y sirve para que el juez pueda controlar la legalidad de cualquier detención que haya sido practicada (pero no para decidir sobre la inocencia o culpabilidad del detenido).

Muy brevemente, los antecedentes de hecho que motivaron el dictamen de la STC 12/2014 fueron los siguientes:
El día 19 de marzo de 2013, D. Aníbal se encontraba detenido en las dependencias de la Guardia Civil, cuando sobre las 16:15 horas solicitó el inicio de un procedimiento habeas corpus. El motivo que indicó a los agentes era “que no ha hecho nada para estar detenido”.

Recibida la solicitud en el juzgado, el juez convocó al Ministerio Fiscal y a la defensa a una comparecencia previa a la decisión sobre la admisión o inadmisión de la solicitud de habeas corpus. A este respecto, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1984, se consideran personas ilegalmente detenidas a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención; d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida. Más importante aún es que los requisitos de la solicitud de habeas corpus vienen definidos en el artículo 4, y son los siguientes: a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta Ley; b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes; c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».

Pues bien, el Ministerio Fiscal interesó en la comparecencia que se admitiera a trámite la solicitud de habeas corpus, pues entendía que al alegar “que no ha hecho nada para estar detenido” D. Aníbal estaba satisfaciendo suficientemente el apartado c) del artículo 4, y ello con independencia de que posteriormente se decidiera estimar o desestimar su pretensión, al comprobar si concurría alguno de los supuestos del artículo 1.

Sin embargo, el juez denegó a limine la incoación del procedimiento indicando que “examinada la solicitud formulada, resulta que el presente supuesto no puede encuadrarse en ninguno de los apartados del citado artículo 1 […] Ello es así porque el detenido se limita a indicar que no ha hecho nada. Sin embargo, la figura del habeas corpus no está prevista para entrar a examinar el fondo del asunto, es decir la culpabilidad o inocencia del detenido.” Contra esa decisión, el Ministerio Fiscal interpuso incidente excepcional de nulidad de actuaciones, que fue desestimado por las mismas razones. Tras ello, el Ministerio Fiscal, que no se dejó hacer, interpuso demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, fundada en la vulneración del derecho fundamental a la libertad, contra el auto que desestimaba su incidente excepcional de nulidad de actuaciones y contra el auto que inadmitía a trámite la solicitud de habeas corpus.

El Tribunal Constitucional, al resolver la demanda de amparo, recordó que el procedimiento de habeas corpus: 1) Es un procedimiento que, aun ágil, sencillo y de cognición limitada, no puede verse reducido en su calidad o intensidad, por lo que es necesario que el control judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su amparo sea plenamente efectivo. De lo contrario la actividad judicial no sería un verdadero control, sino un mero expediente ritual o de carácter simbólico, lo cual, a su vez, implicaría un menoscabo en la eficacia de los derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad (entre otras, SSTC 93/2006, de 27 de marzo, FJ 3 y 165/2007, de 2 de julio, FJ 4); y 2) tiene como esencia que el Juez compruebe personalmente la situación de la persona que pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente detenida, es decir, ‘haber el cuerpo’ de quien se encuentre detenido para ofrecerle una oportunidad de hacerse oír, y ofrecer las alegaciones y pruebas (STC 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3).

Y, desde esas dos notas anteriores, el Tribunal Constitucional concluye que, aun cuando la Ley Orgánica 6/1984 permite inadmitir de plano la solicitud de un procedimiento de habeas corpus, esa eventual resolución denegatoria solamente tendrá legitimidad constitucional solamente cuando se trate de supuestos en los que la solicitud no reúna los requisitos exigidos por el artículo 4 (que hemos transcrito más arriba), y no cuando, adelantando el juicio sobre la pretensión, se concluya la inexistencia de ninguno de los supuestos del artículo 1. En fin, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que no puede fundarse la inadmisión de la solicitud de habeas corpus en que el solicitante no se encuentre privado ilegalmente de su libertad (según lo dispuesto en el artículo 1), porque ese es el enjuiciamiento que debe realizarse después de admitir la solicitud.

Pero si creían que con lo anterior estaba claro que el juez obró mal al decidir inadmitir la solicitud de habeas corpus, es que han pasado por alto una cuestión: ¿la expresión “que no he hecho nada para estar detenido” satisface el requisito del artículo 4.c (exponer el motivo concreto por el que se solicita el procedimiento de habeas corpus)? Pues bien, el Tribunal Constitucional concluye que alegar no haber hecho nada para estar detenido manifiesta, cuanto menos, la convicción del solicitante de que la detención se había realizado al margen de los casos normativamente previstos, lo que equivale a tanto como alegar el apartado a) del artículo 1.

Ello, en fin, determina que la solicitud estuviera correctamente planteada, y que el Tribunal Constitucional estime la demanda de amparo del Ministerio Fiscal, declarando la nulidad del auto de inadmisión de la solicitud de habeas corpus por vulnerar el derecho a la libertad personal.
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domingo, 25 de junio de 2017

La condena en segunda instancia fundada en una interpretación del elemento subjetivo exige oír a los acusados

El objeto de esta nueva entrada es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el caso Atutxa Mendiola y otros c. España. En ella, el también llamado Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por vulnerar el derecho contenido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice así: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente (...) por un Tribunal (...) que decidirá (...) sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.”

La sentencia se emite en relación al procedimiento seguido contra determinados cargos del Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fueron condenados como culpables de delito de desobediencia judicial por el Tribunal Supremo el 8 de abril de 2008. Esa sentencia, sin embargo, fue dictada con ocasión de un recurso de casación interpuesto contra la sentencia absolutoria y tras la celebración de una vista en la que se oyeron a los representantes de los acusados, pero no a los propios acusados. Lo más importante, no obstante, es que, aunque tanto la sentencia absolutoria recurrida como la dictada por el Tribunal Supremo contenían la misma declaración de hechos probados, el Tribunal Supremo había interpretado dichos hechos de forma diferente, pues había extraído la conclusión de que los acusados habían desobedecido de manera deliberada y abierta, mientras que la sentencia absolutoria entendía que no habían desobedecido ni de forma deliberada ni de forma abierta.

La sentencia del Tribunal Supremo fue recurrida en amparo por los condenados, que alegaron que el Tribunal Supremo había vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías por haberles condenado con base en una interpretación fáctica diferente de la practicada en primera instancia, y sin escucharlos previamente. El Tribunal Constitucional denegó el amparo mediante su sentencia de 5/12/2013, considerando que “(...) ni era constitucionalmente exigible que los demandados fueran oídos en la vista de casación (...) ni tal omisión, dada la índole de las cuestiones que fueron planteadas por la acusación y debían resolverse en el recurso, supuso una privación o una limitación del derecho de defensa, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión adoptada. (...)”.

Los condenados, sin embargo, decidieron demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una posible vulneración del referido artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su demanda, reprodujeron el argumento formulado en sede de amparo: aunque el Tribunal Supremo no hubiera modificado los hechos probados, sí los había interpretado de forma diferente, extrayendo la existencia del elemento subjetivo del injusto y no limitando su revisión exclusivamente a cuestiones de índole jurídico, y ello lo hizo sin oír previamente a los entonces acusados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, coincidiendo con la argumentación de los demandantes, afirmó que el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre circunstancias subjetivas decisivas para determinar la culpabilidad de los demandantes (que habían actuado deliberada y abiertamente), modificando la valoración que el tribunal de primera instancia había efectuado de la misma conducta. Desde ahí, el tribunal recuerda que es imposible valorar jurídicamente la intencionalidad del acusado sin que haya sido objeto de algún acto de prueba, y que mientras que el tribunal de instancia concluyó que no habían actuado deliberadamente tras oírlos, el Tribunal Supremo entendió que sí habían actuado deliberadamente sin oírlos nuevamente. Todo ello provocó que, en definitiva, el Tribunal Supremo alcanzara esa conclusión por deducción y sin dar lugar a los interesados de exponer las razones por las que negaban haber obrado deliberada y abiertamente. Ello supone haber impedido a los demandantes la posibilidad de defenderse en un debate contradictorio, y vulnera el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, modificar la apreciación del elemento subjetivo del delito, cuando es elemento esencial de la condena, exige que los acusados hayan sido oídos por el tribunal sentenciador.

A modo de añadido, no puede dejar de indicarse que tanto en la sentencia del Tribunal Supremo como en la del Tribunal Constitucional se formularon votos particulares que disentían de la decisión del tribunal. Así, en la STS cinco de los doce Magistrados reprocharon al tribunal haber valorado los elementos de prueba sin respetar el principio de inmediación, y en la STC aparece un voto particular firmado por cuatro Magistrados que indica “[El TEDH] mantiene la exigencia de audiencia pública siempre que una persona fuera condenada por primera vez, sea en primera o en segunda instancia, salvo en los supuestos en que la condena derive exclusivamente de un distinto entendimiento de cuestiones jurídicas que no modifican (...) la determinación de elementos fácticos, incluidos los elementos subjetivos establecidos en condiciones de audiencia o de inmediación. (...)”.

La sentencia puede comprobarse aquí.


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Fotografía de Sofía Serra

jueves, 15 de junio de 2017

Una notificación edictal vulnera el derecho a no sufrir indefensión


En la STC 50/2017, de 08 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional ha recordado el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en lo que se refiere a las notificaciones realizadas mediante edictos, especialmente cuando se refieren a los emplazamientos de las partes.

Para ello, el tribunal se ha referido directamente a su STC 6/2017, de 16 de enero, FJ 3, en la que indicaba que  “el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su existencia, a fin de que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, de manera que “la falta o deficiente realización del emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el proceso coloca al interesado en una situación de indefensión, lo que vulnera el referido derecho fundamental (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5). Ello implica que el órgano judicial tiene no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación procesal, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero”.
Desde ahí, en el FJ 3 de la sentencia objeto de esta entrada recuerda que son dos las consecuencias fundamentales de esa doctrina:

"a) Cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, el órgano judicial, aunque no se trate del domicilio indicado por el actor en su demanda, deberá intentar llevar a cabo dicha notificación en él, antes de acudir a la vía de los edictos (SSTC 181/2015, de 7 de septiembre, FJ 3; 150/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 151/2016, de 19 de septiembre, FJ 2; 5/2017, de 16 de enero, FJ 3, y 6/2017, de 16 de enero, FJ 3). 

b) el órgano judicial ha de extremar las gestiones en la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación (por todas, SSTC 61/2010, de 18 de octubre, FJ 2; 197/2013, de 12 de diciembre, FJ 2, y 180/2015, de 7 de septiembre, FJ 4)."

Esa obligación ha sido mantenida por el Tribunal Constitucional incluso en los supuestos en los que el domicilio del demandado se encontraba en el extranjero tanto en los casos en que el órgano judicial no había practicado el emplazamiento de aquél en el domicilio situado fuera del territorio nacional, que constaba en las actuaciones, (SSTC 6/2017, de 16 de enero; 150/2016 y 151/2016, de 19 de septiembre, y 268/2000, de 13 de noviembre), como en aquellos otros en que el demandado había sido emplazado por edictos, sin haber agotado el juez previamente los instrumentos de búsqueda a su alcance (STC 143/1998, de 30 de junio).

Sin embargo, también recuerda el tribunal que dicha obligación “no hace recaer sobre el juez el deber de desplegar una desmedida labor investigadora, pues ello llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa y a no padecer dilaciones indebidas de los restantes personados en el proceso (STC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2 y las que en ella se citan; 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 2, y 15/2016, de 1 de febrero, FJ 2). Por el contrario, sí exige el empleo de cuantos medios obren al alcance del órgano judicial, de suerte que a la vista de los ordenados quepa cabalmente concluir que se han agotado las posibilidades de localización y, por tanto, de notificación personal al demandado. No otra es la consecuencia lógica del carácter excepcional y subsidiario de la notificación edictal, establecido en reiteradas Sentencias de este Tribunal (SSTC 106/2006, de 3 de abril, FJ 2; 76/2006, de 13 de marzo, FJ 3, y 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2, entre otras muchas).”

En el caso de la STC 50/2017, de 08 de mayo de 2017, el demandante de amparo fue demandado en reclamación de una cantidad relacionada con una vivienda de su propiedad. Después de intentar notificarle, sin resultado, la demanda tanto en el domicilio señalado por la parte actora como en el que figuraba en la base de datos del Cuerpo Nacional de Policía, fue notificado por edictos y declarado en rebeldía el día 15/04/2013. El procedimiento se desarrolló inaudita parte y la demanda fue íntegramente estimada.

En su demanda de amparo, el demandante denunciaba que su domicilio actual podría haberse comprobado tanto con una simple búsqueda en internet (era el presidente de un importante club de fútbol francés, en cuya sede podría haberse practicado la notificación) como comprobando sus datos personales contenidos en la escritura de compraventa de la vivienda sobre la que versaba la demanda.

El Tribunal Constitucional, aplicando la doctrina que hemos referido al principio de esta entrada, entendió que el órgano judicial no había satisfecho la obligación de “agotar todas las posibilidades de localización” del demandado y, por tanto, estima el recurso de amparo y declara la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la declaración de rebeldía.


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